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¿Comprarle la tierra al adversario histórico?
La reforma agraria de Petro y el acuerdo con Fedegán
Párrafo de inicio
En octubre de 2022, apenas tres meses después de asumir como el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, Gustavo Petro enfrentaba una decisión que definiría el rumbo de su promesa más emblemática: la reforma agraria. Para cumplir el punto uno del Acuerdo de Paz de 2016 con las FARC-EP, el gobierno debía entregar tres millones de hectáreas a campesinos y titular siete millones más. Su ministra de Agricultura, Cecilia López, le propuso negociar directamente con Fedegán, la Federación Colombiana de Ganaderos, presidida por José Félix Lafaurie — uno de los críticos más acérrimos de Petro y esposo de la senadora uribista María Fernanda Cabal. La pregunta resultaba tan pragmática como perturbadora: ¿debía el gobierno comprarle tierra a un gremio señalado como corresponsable del despojo de millones de hectáreas durante el conflicto armado?
La entidad
El actor central es el Estado colombiano representado por el gobierno Petro, a través del Ministerio de Agricultura, la Agencia Nacional de Tierras y la Sociedad de Activos Especiales. El gobierno llegó al poder con la coalición del Pacto Histórico y un mandato de transformación social cuya columna vertebral era la reforma agraria. Sin embargo, el aparato institucional agrario — creado desde la Ley 160 de 1994 — nunca había logrado una redistribución significativa de tierras. El Sistema Nacional de Reforma Agraria, previsto en esa ley, llevaba casi tres décadas sin reglamentarse hasta que el propio gobierno Petro lo activó en agosto de 2023.
Contexto
Colombia presenta un coeficiente de Gini de tierras cercano a 0,87, donde el 1% de los latifundios ocupa el 40% del área agropecuaria mientras el 59% de los predios son microfundios que apenas cubren el 4% del territorio productivo. Uexternado Entre 1970 y 2014, las fincas de más de 500 hectáreas pasaron de ocupar el 41% al 77% del área agropecuaria. SciELO Brazil Esta concentración está directamente vinculada al conflicto armado: el despojo de tierras es uno de los factores que está detrás de la perpetuación del conflicto interno colombiano. El Independiente Se estima que grupos paramilitares — en muchos casos con vínculos documentados con terratenientes — despojaron aproximadamente ocho millones de hectáreas y provocaron el desplazamiento de más de seis millones de personas.
El Acuerdo de Paz de 2016 incluyó la Reforma Rural Integral como primer punto, pero durante el gobierno Duque (2018-2022) la implementación acumuló un rezago considerable. En paralelo, la violencia no cesó: en 2023 fueron asesinados 181 líderes sociales y defensores de derechos humanos Defensoría del Pueblo de Colombia, y ocho reclamantes de tierras fueron asesinados solo en ese año. LA FM
Los actores en disputa
Fedegán aceptó negociar con el gobierno la venta de tres millones de hectáreas a precio comercial. El acuerdo fue firmado el 6 de octubre de 2022. Sin embargo, el gremio se encuentra señalado por ser responsable parcial del previo despojo de aproximadamente ocho millones de hectáreas durante el conflicto armado, en lo que se calificó como una contrarreforma agraria. El Independiente
En la otra orilla, las organizaciones campesinas de la Cumbre Agraria y el Coordinador Nacional Agrario rechazaron vehementemente el acuerdo del gobierno con Fedegán Biodiversidad en América Latina, calificándolo como un mecanismo que fortalecería el poder económico de los terratenientes al entregarles recursos millonarios por tierras adquiridas en muchos casos ilegítimamente. Exigían una reforma agraria integral que incluyera la expropiación de tierras improductivas.
También intervenían empresas agroindustriales con intereses territoriales, grupos armados ilegales, el Congreso — donde el gobierno necesitaba coaliciones para otras reformas simultáneas — y la comunidad internacional, que condicionaba su apoyo a la implementación del Acuerdo de Paz.
La política pública
Aunque la idea inicial del presidente era comprar cinco millones de hectáreas, la propuesta se fue aterrizando a tres millones para los cuatro años de mandato. El Tiempo Las fuentes de tierras eran tres: compra directa a particulares, predios incautados al narcotráfico vía la SAE, y titulación de baldíos. A mitad de mandato, el gobierno reportaba algo más de un millón de hectáreas gestionadas, pero más del 75% correspondía a formalización de títulos, no a nuevas entregas. Resumen Latinoamericano
El personaje
Gustavo Petro — exmilitante del M-19, exsenador, exalcalde de Bogotá — tiene una convicción profunda sobre la redistribución de la tierra, arraigada en su trayectoria política. Pero también entiende las restricciones del poder: una expropiación sería constitucionalmente compleja y políticamente costosa. Su dilema es existencial: ¿cómo transformar la estructura agraria negociando con quienes se beneficiaron del statu quo, sin traicionar a la base social que lo eligió?
El dilema
¿Debe el gobierno comprar tres millones de hectáreas a los grandes ganaderos a precio comercial — destinando unos 60 billones de pesos — o debe buscar mecanismos alternativos?
Opción A: Acuerdo con Fedegán (“reforma por las buenas”). Reduce la confrontación y tiene viabilidad jurídica, pero implica pagar sumas enormes a un gremio señalado de participar en el despojo. Las organizaciones campesinas lo perciben como una capitalización del victimario.
Opción B: Reforma agraria integral (reforma estructural). Responde a las demandas históricas del campesinado y es coherente con el discurso del gobierno, pero implica enfrentar al poder terrateniente, arriesgar la gobernabilidad y desgastarse políticamente.
Opción C: Modelo mixto con énfasis en formalización. Priorizar la titulación de tierras ya ocupadas por campesinos. Es menos costoso y más viable, pero no resuelve la concentración y podría leerse como incumplimiento de la promesa central.
Párrafo de cierre
A finales de 2023, el propio presidente Petro reconoció que el Estado se había quedado corto y que la meta de tres millones de hectáreas probablemente no se alcanzaría durante su mandato. Infobae Las organizaciones campesinas seguían exigiendo una reforma más profunda, Fedegán celebraba los términos del acuerdo, y en el Magdalena Medio los líderes sociales seguían siendo asesinados por reclamar tierras. Petro debía decidir: ¿redoblar la compra a ganaderos, girar hacia mecanismos más confrontacionales, o aceptar que su reforma sería apenas una “minirreforma” que necesitaría al menos dos gobiernos más? El reloj político corría en su contra, y el campo colombiano seguía esperando.
Anexos sugeridos: Datos del IGAC sobre coeficiente de Gini rural, cifras del contador de Reforma Agraria del Ministerio de Agricultura, mapa de regiones priorizadas para compra de tierras, y cronología de los intentos de reforma agraria en Colombia desde la Ley 200 de 1936.
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